PODER POPULAR

El pequeño Estado centroamericano se convirtió en el primer país del mundo que prohíbe la minería metálica, con lo que derrotó a una de las mayores transnacionales mineras del mundo. Las comunidades campesinas encabezaron la lucha cuando, en 2004, decidieron organizar un frente común para salvar la cuenca del río Lempa. Forjaron una coalición nacional frente a la represión (entre otras cosas, el asesinato de varios activistas), formaron alianzas internacionales, se enfrentaron a la corporación canadiense OceanaGold y, finalmente, en marzo de 2017, lograron que se prohibiera la minería.

Lo que empezó como una denuncia de acoso sexual contra uno de los magnates más poderosos de Hollywood, acabó con al menos 1,7 millones de tuits de #metoo en 85 países, poniendo de manifiesto el fenómeno generalizado del acoso sexual y alentando a muchas más mujeres a compartir públicamente y denunciar estos casos. Este momento es fruto de décadas de incansables campañas por parte de organizaciones de mujeres en todo el mundo y ojalá se convierta en un punto de inflexión en la lucha por la igualdad.

Tras cuatro años de infatigable campaña y pese a la oposición corporativa, Francia aprobó una ley que reconoce la responsabilidad de las empresas matrices por las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus subsidiarias, subcontratistas y proveedores. Este es un gran paso adelante en la lucha contra la impunidad de las empresas transnacionales, ya que busca atajar la complejidad jurídica en la que se amparan estas y que ha impedido en muchas ocasiones que las comunidades afectadas consigan que se haga justicia. La ley también dio un impulso a la iniciativa que persigue crear un tratado internacional vinculante sobre las transnacionales en el marco de las Naciones Unidas.

Un sindicato local de trabajadores y trabajadoras del sector público de Cali logró derrotar un proyecto para privatizar la compañía municipal de telecomunicaciones, después de denunciar los planes que albergaba el gobierno de la ciudad. El sindicato utilizó un estudio del TNI sobre Lazard, una empresa global de asesoría financiera contratada por la ciudad para elaborar sus planes. Posteriormente, el sindicato ayudó a establecer un acuerdo de colaboración público-pública con una empresa estatal uruguaya para facilitar una reforma en pro del interés general. La defensa del servicio municipal por parte de la plantilla de Cali forma parte de un fenómeno más amplio, ya que son más de 835 las comunidades de todo el mundo que en los últimos años han retomado el control de sus propios servicios públicos.

Desde el primer día en que ocupó el cargo, la presidencia de Trump se ha topado con una resistencia popular sin precedentes. Ya en la primera semana, su prohibición de entrada al país de musulmanes de seis países dio lugar a protestas espontáneas en más de 20 grandes aeropuertos internacionales en los Estados Unidos y, desde entonces, ha sido bloqueada una y otra vez en los tribunales, por lo que su vigencia es provisional. Los movimientos populares que luchan contra la supremacía blanca, la codicia de las grandes empresas y el militarismo que representa el régimen de Trump han experimentado un crecimiento extraordinario en cuanto a participación y apoyo.

En Brasil, 35 millones de personas de los mayores sindicatos y movimientos populares del país tomaron las calles para oponerse a las reformas laborales y de las pensiones impuestas por el Gobierno, profundamente impopular, de Temer, que llegó al poder mediante un golpe. La huelga general logró el paro en las principales metrópolis de Brasil —São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre y Brasília— y puso de manifiesto la creciente oposición popular al Gobierno actual.

En noviembre, decenas de miles de campesinos y campesinas y trabajadores rurales de 20 estados, en representación de más de 180 organizaciones, se reunieron en Delhi para una demostración de fuerza sin precedentes contra el Gobierno reaccionario de Modi. Frente a los crecientes costos de producción, el aumento de las sequías y la disminución de los ingresos, los campesinos exigieron el alivio de la deuda, mejores precios y planes de seguro eficaces para las cosechas. Aunque el Gobierno no respondió de inmediato a sus principales demandas, es probable que la plataforma unida tenga repercusiones en el medio plazo, ya que prevé llevar su campaña a todo el país en 2018 y 2019.

Gracias a la incansable campaña de varios grupos ciudadanos en Yakarta, el Tribunal Supremo de Indonesia sentenció en octubre que la privatización del agua contraviene los derechos humanos y anuló un acuerdo entre el operador municipal de agua, PAM Jaya, y dos compañías privadas. El tribunal prohibió que los socios privados administren los servicios de agua de la red y coincidió en que la gestión privada había excluido a los ciudadanos y las ciudadanas más pobres del acceso al agua. El de Yakarta es uno de los más de 235 casos de comunidades de todo el mundo que han recuperado el control del agua en los últimos años.

Un grupo de campesinos y campesinas de Zambia ganó un recurso de apelación presentado por el gigante minero británico Vedanta, lo cual les permite seguir tramitando una demanda en el Reino Unido. Los campesinos exigen medidas de reparación y compensación por el catastrófico caso de contaminación que ha provocado su subsidiaria Konkola Copper Mines (KCM) en el río Kafue, y que ha causado enfermedades y destruido medios de subsistencia. La sentencia representa un precedente importante para que las empresas transnacionales sean jurídicamente responsables de las actividades de sus subsidiarias.

Una aplastante mayoría del electorado australiano votó en un referendo a favor de cambiar la definición de matrimonio e incluir en ella las relaciones entre personas del mismo sexo. El Parlamento australiano aprobó después, casi por unanimidad, el proyecto de ley correspondiente. Con Australia, son ahora ya 25 los países que cuentan con una ley a favor del matrimonio igualitario; hace 20 años, no había ninguno.

Desde 2015, una serie de protestas multitudinarias contra la corrupción sacuden Guatemala. Estas llegaron a un punto álgido en septiembre, cuando el presidente Jimmy Morales intentó expulsar a un investigador colombiano de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una entidad respaldada por las Naciones Unidas. Las comunidades indígenas han desempeñado un papel protagonista en las protestas y también están en lucha en el Congreso, al que le exigen una constitución que reconozca una mayor autonomía indígena.